El servicio de Solución Colaborativa de Conflictos que ofrecen los Centros de Atención Jurídico Social, ubicados en las Regiones VI, VII, XII y Metropolitana, consiste en la atención de profesionales, asistentes sociales y abogados especializados en materias de negociación, conciliación y mediación.

El objetivo, es ofrecer, a personas de escasos recursos, la oportunidad de obtener, antes de litigar ante Tribunales, una solución a conflictos familiares, de vivienda, laborales, vecinales, entre otros, que les represente en sus intereses y que surja desde ellos como los principales protagonistas de su acuerdo.

Los profesionales son los que, por medio del diálogo, en un marco de respeto y escucha activa de las posiciones e intereses de cada una de las partes, proponen las bases que sustentarán y propiciarán la búsqueda de acuerdos. En el caso que existan niños o niñas, se velará siempre por su interés superior en todo lo relativo a la protección de sus derechos fundamentales. Esto siempre dentro del marco legislativo vigente que rige los temas planteados por las personas.

Este proceso, en todo sentido, tiene el carácter de voluntario, por lo que nada se puede imponer a las personas respecto de la forma y condiciones para poner término al conflicto. Por otra parte, el profesional mantendrá estricta reserva respecto a lo conversado por las partes, actuando en todo momento de manera imparcial.

Los acuerdos a los que se arribe en el proceso, pueden ser verbales (de palabra) y/o escritos. En el caso de ser escritos, estos pueden tener el carácter de privados, es decir, que sea sólo entre las partes sin participación de terceros; o puede ser formalizado y homologado ante el Tribunal competente, en cuyo caso, de ser aprobado, tendrá el carácter de sentencia. Aparte de la Resolución Alternativa de Conflictos que se presta en los Centros de Atención Jurídico Sociales, contamos con unidades especializadas de Mediación en las ciudades de Santiago, Rancagua, Talca y Punta Arenas. Estos Centros de Mediación funcionan bajo las mismas premisas anteriormente enunciadas (voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y formalización del acuerdo) pero se enfocan fundamentalmente a la atención de conflictos penales y vecinales, sin perjuicio de intervenir en asuntos civiles, de vivienda o laborales.